Ante la beatificación en Tarragona, el próximo 13 de octubre, de 522 “mártires” que murieron, según la
Conferencia Episcopal Española, “durante la persecución religiosa de los años treinta del siglo XX”,
Europa Laica declara:
1-Denunciamos que dicho acto sea calificado como “de humanidad y reconciliación”, mientras que cada
vez que se plantea restituir la memoria de las decenas de miles de personas, algunos de ellos cristianos y
religiosos, de lo que se denomina como “bando republicano”, la jerarquía católica y la derecha
reaccionaria bramen, porque se supuestamente se “reabren” las heridas de la Guerra civil. En contra de
la opinión de millones de personas y de organismos internacionales, como la ONU, que viene exigiendo
que se persigan los crímenes franquistas
2- Negamos la veracidad histórica respecto a que las personas a canonizar murieran “durante la
persecución religiosa de los años treinta”. Por el contrario, la mayoría de los 6.800 eclesiásticos
asesinados, así como la inmensa mayoría de los muertos o asesinados republicanos, lo fueron a raíz del
golpe militar y la subsiguiente guerra y no durante la II República, como de forma vergonzante pregona la
iglesia católica oficial.
3- La jerarquía católica oficial fue inductora del “golpe de Estado fascista”, desde el mismo día de la
proclamación de la II República, incluso antes, si nos atenemos a las homilías y soflamas que se
lanzaban desde los púlpitos, ya que no querían perder los enormes privilegios de los que disfrutaban
como “religión de Estado” y no porque fuera perseguida y no tuviera más remedio, como demuestran las
cartas del cardenal primado Isidro Gomá, al Vaticano.
4- A la mayoría de los obispos españoles de la época cabe el “honor” de ser los artífices de convertir la
sangrienta contienda en “Cruzada”, a partir de su Carta Colectiva de 1937, intentando convencer al
mundo de que la causa de los golpistas era la de la “civilización cristiana” e, incluso, oponiéndose a una
“solución pactada” e insistiendo en una rendición incondicional y humillante.
5- La jerarquía católica, con estas beatificaciones, sigue identificándose con los golpistas sediciosos que
acabaron por la fuerza con la legalidad republicana. Nos produce indignación el alborozo episcopal por
haber sido “agraciados con un gran número de estos testigos privilegiados”, refiriéndose a los
eclesiásticos asesinados.
6- Este país está gobernado por unos políticos, que a pesar del tiempo transcurrido, sigue sin reconocer
que el golpe militar de 1936, que devino en guerra, originó una sangrienta y terrorista dictadura que
practicó una auténtica “limpieza” étnica e ideológica e implantó, con el apoyo eclesiástico, una dictadura
fascista y nacional-católica que adoctrinó las conciencias y eliminó las libertades, durante cuatro décadas.
7-Denunciamos que representantes de los poderes públicos vuelvan a estar presentes en estos actos
confesionales, agraviando de forma intolerable, a millones de ciudadanos y ciudadanas de todo tipo de
creencias (religiosas o no). Con su presencia y la financiación pública del acto, contaminan el Estado
democrático y de Derecho, deslegitiman la democracia, dando así un paso más en la desafección hacia
nuestras instituciones públicas.
Por la MATERNIDAD LIBRE y SEGURA PARA TODAS
La maternidad voluntaria y libre, protegida y apoyada socialmente es un derecho humano fundamental, garantizado y protegido por nuestra Constitución. Esto implica reconocer a lasmujeres como personas con autonomía y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos, y el tiempo entre los nacimientos.
Todas las mujeres queremos una maternidad deseada con alegría, vital y segura, no forzada por leyes ni obligada por imperativos ideológicos cargados de prejuicios, hipocresía y desconocimiento. Para que esto sea posible es indispensable que las mujerespuedan tomar con libertad y seguridad la decisión de continuar o interrumpir su embarazo.
La penalización de la interrupción del embarazo, que continúa vigente en nuestro Código Penal, niega a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su cuerpo y lejos de evitar la práctica, la convierte en clandestina, insegura y un negocio muy lucrativo. En nuestro país las muertes por abortos que se complican por haberse practicado en condiciones insalubres representan la tercera causa de muertes maternas, cuyo índice tenemos el compromiso de disminuir urgentemente, según las metas asumidas para el milenio. Comparativamente Uruguay, que despenalizó la interrupción en 2012, registra cero muertes por esta causa.
La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo nos afecta de manera desigual según nuestra clase social: mientras las mujeres con poder adquisitivo pueden acceder a servicios médicos privados, las pobres deben poner en riesgo sus vidas con brebajes, ganchos de ropa o anos no calificados que no ofrecen las condiciones mínimas.
Destacamos que la construcción de una sociedad humanista no será posible mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por interrupciones clandestinas de embarazo y sean objeto de condenas y castigos. Se trata de injusticia clara y manifiesta. La Revolución Bolivariana debe acabar con esta injusticia, como lo hizo la Revolución Cubana en 1965.
Las mujeres venezolanas merecemos que se nos reconozca capacidad para decidir y soberanía sobre nuestros cuerpos, además de, la comprensión de que detrás de las interrupciones hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción, falla de algún método, pobreza, abandono, irresponsabilidad paterna, enfermedades o gestaciones con graves malformaciones, entre otros motivos.
Llamamos a la reflexión sobre algunas realidades de la interrupción del embarazo:
Las feministas venezolanas organizadas en redes y colectivos sociales, reclamamos un nuevo Código Penal sin discriminación sexual y de género, que despenalice y abra el acceso a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.
Caracas, 28 de septiembre 2013
