LA POLICIA JUDICIAL TOMA DECLARACIÓN A LOS AFECTADOS POR EL ROBO DE NIÑOS
Viernes, 19 de Noviembre de 2010 09:44
El fiscal jefe de Algeciras fue el primero en abrir diligencias tras la denuncia de los familiares en los medios de comunicación. Hasta ahora se han abierto dos vías, la que coordina la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales (ANADIR) y la de la Memoria Histórica. Los primeros acudirán a la Fiscalía General del Estado, los segundos a la Audiencia Nacional.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 18.11.2010
Las denuncias por el robo de niños en España siguen aumentando y la justicia ha empezado a tomar cartas en el asunto. Ya no se trata sólo de casos ocurridos durante el Franquismo sino también en la década de los 80. Hasta el momento hay dos vías abiertas. Por un lado, ANADIR, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales, que ha contabilizado ya 130 denuncias y cuyo abogado, Enrique Vila, prevé presentar de forma conjunta el próximo 27 de enero ante la Fiscalía General del Estado. La otra vía se enmarca en la causa de la Memoria Histórica, en la que el letrado Fernando Magán ha recopilado alrededor de 80 casos que serán llevados a la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo decidirá quién debe investigar el asunto de los niños robados durante la dictadura, después de que la jueza María Concepción Rodríguez Acevedo decidiera devolver a la Audiencia la causa abierta por Baltasar Garzón por la desaparición de niños de familias republicanas.
Domingo, 21 de Noviembre de 2010 11:52 0diggsdigg
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ESPAÑA SIGUE BUSCANDO EN FOSAS A LOS DERROTADOS DE LA GUERRA CIVIL
Viernes, 19 de Noviembre de 2010 09:25 0diggsdigg
AFP/Gabriel Rubio/18-11-2010
CALZADA DE OROPESA, España — Más de setenta años después de la Guerra Civil, diversas asociaciones y familiares de víctimas siguen buscando restos de personas ejecutadas por los franquistas, casi con sus propios medios y sin apenas ayuda oficial del Estado o de la judicatura.
"Esto se está haciendo muy lentamente y con pocos medios", dice a la AFP Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La búsqueda y exhumación de los cuerpos se lleva a cabo con los medios de cada asociación, mientras el Estado sólo prevé reparaciones simbólicas para las víctimas y subvenciones para las actividades de las asociaciones, hasta un máximo de 60.000 euros por organización, merced a la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.
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