Asociaciones de la Memoria Histórica presentaron ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la causa por prevaricación seguida contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo, por su investigación de las desapariciones del franquismo, hasta que se les permita ser parte en este procedimiento.
Persiguen poder recusar a los magistrados que admitieron a trámite esta causa criminal contra el juez Garzón, ya que consideran que están "contaminados" para entender de este asunto por sus manifestaciones en relación con la Ley de la Memoria Histórica.
En el escrito remitido ayer al Constitucional señalan que la continuación de esta causa sin su presencia puede causar "perjuicios irreparables" puesto que las personas en cuyo nombre actúan "se hallan directamente afectadas por la querella, ya que la misma está dirigida contra toda la investigación judicial en la que se instruye, por primera vez, los muy graves delitos de que son víctimas".
Recuerdan estas asociaciones que las resoluciones que adoptó el juez Garzón en la causa que abrió por los crímenes del franquismo se realizaron a petición de todas ellas, y que por ese motivo se autoinculparon ante el Supremo "como inductores y cooperadores necesarios" en el presunto delito de prevaricación investigado Supremo. Además, alegan que no consideran que los autores de los crímenes franquistas deban ser considerados amnistiados "no ya por si estos delitos son amnistiables o no, si no por algo tan simple como que la mera invocación genérica de la Ley de Amnistía de 1977 no resulta bastante, por si sola, ni para no investigar, ni tan siquiera para conceder a priori el beneficio, pues según el artículo 9 de esta ley, éste tiene que tener previo reconocimiento judicial y nominal, acerca de la persona beneficiada".
El recurso de amparo ante el Constitucional se ha presentado un día después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazara el recurso que interpuso Garzón contra el auto dictado el pasado mes de febrero por el magistrado de este órgano Luciano Varela en el que se exponían los motivos para sentarle en el banquillo por una presunta prevaricación, cometida en su investigación de las desapariciones durante el franquismo.
Amnistía Internacional (AI) subrayó ayer que investigar los crímenes del franquismo "es un deber y no un delito" y advirtió al Tribunal Supremo que su decisión de enjuiciar a Garzón "compromete la responsabilidad internacional del Estado español". En declaraciones a Efe, la jurista de AI Julia Tamayo aseguró que, con el auto en el que el Supremo confirmó la resolución en la que el instructor de la querella contra Garzón rechazaba el archivo de ésta, "la Justicia del país con mayor número de desapariciones forzadas del siglo XX se acerca más a castigar al único juez que ha intentado investigarlas".
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, recordó ayer que el juez Garzón conserva la "presunción de inocencia", aunque "lógicamente", agregó, si se abre el juicio oral "se sentará en el banquillo como cualquier otro ciudadano". Respecto al hecho de que algunas asociaciones afirmen que se está persiguiendo al magistrado, Bravo indicó que respeta las valoraciones de los ciudadanos "de cualquier corriente de apoyo o no al juez", pero insistió en el "respeto" que todos deben tener con las instituciones del Estado, y, en concreto, con el Tribunal Supremo.
