El juez Baltasar Garzón ha recurrido este miércoles ante el Tribunal Supremo (TS) el autodel magistrado Luciano Varela, que rechazó archivar la causa abierta contra él por unpresunto delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo. En el recurso, Garzón defiende que "no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador".
Garzón califica los argumentos del auto de "insostenibles", "incomprensibles" y sin fundamento jurídico y acusa al alto tribunal de haberle imputado utilizando únicamente "una sucesión de calificativos peyorativos". Además, en el escrito acusa a Varela de tener "una idea preconcebida que le impide analizar los hechos con objetividad".
El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que dicho auto "resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal".
Pide que se tome declaración a magistrados y juristas internacionales
Además de pedir que se deje sin efecto el auto recurrido, el abogado de Garzón solicita al alto tribunal la práctica de nuevas diligencias, entre ellas que llame a declarar a varios magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, entre otros.
En concreto, solicita la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia que realizaron un voto particular en contra de la decisión de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas.
Además de Zaragoza, pide que testifiquen el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa y los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.
También solicita tomar declaración a la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, junto con el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet, Juan Guzmán Tapia, aparecen en la lista de juristas internacionales que reclama el juez.
Completan esta lista el coordinador del Programa de Justicia Internacional deAmnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de laCorte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler
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