Los denunciantes pedirán la declaración de los franquistas vivos. La querella califica los crímenes de genocidio

Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.

"Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga", advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.

"Si no dejan aquí tendrá que venir un juez de fuera", avisaron las familia

"El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusiliado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio "político, social y cultural".

Ministros de Franco vivos

Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. "Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración", asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.

El proceso podría llevar a declarar a Fraga como ex ministro de Franco

Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.

En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado.

Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.

"La jurisdicción universal no es un arma colonial", dice el abogado

El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.

Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.

Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. "Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur", razona.

Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón

Publico.es

Las víctimas de Franco plantan cara al Tribunal Supremo

Colectivos de la memoria histórica presentarán el próximo lunes una querella por prevaricación contra el juez Luciano Varela y estudian también demandar al presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Juan Saavedra.
> Carta al Consejo General del Poder Judicial

NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 09.04.2010

“Sería muy duro que se acepte una querella de los herederos ideológicos de la represión (en alusión a Falange) y que no se aceptara la de los agredidos, la de las víctimas”, asegura a nuevatribuna.es la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Mallorca, María Antonia Oliver, que junto a la de Cataluña, presentarán el próximo lunes ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez Luciano Varela.

Las víctimas del franquismo seguirán con su particular vía crucis en la búsqueda de los desaparecidos en la guerra civil y la dictadura, la ‘causa de las fosas’ por la que Baltasar Garzón abrió una investigación por la que podría ser inhabilitado de sus funciones como magistrado de la Audiencia Nacional.

El siguiente paso será querellarse contra el juez instructor Varela por una “resolución manifiestamente injusta", dice Oliver en referencia a la imputación de Garzón por un delito de prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes. Las víctimas se sienten “desamparadas y desprotegidas” y defienden su derecho a interponer la querella. “No sentimos agredidos por el franquismo y ahora también por la democracia”, afirma.

Los fundamentos en los que se basa la querella contra Varela son los mismos que éste magistrado ha utilizado para procesar a Garzón. Es decir, haber actuado injustamente a sabiendas de que los argumentos recogidos por el juez de la Audiencia Nacional para la causa del franquismo “se ajustan a derecho” y a la normativa internacional vigente sobre delitos de lesa humanidad.

El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía la decisión tomado de antemano y por eso no admitió las pruebas solicitadas por Garzón y los tratados internacionales firmados por España que obligan a investigar un delito de genocidio que no está sujeto a amnistía. Las víctimas también alegan que el auto contra Garzón es contrario a lo que viene planteando la Fiscalía General del Estado contraria a sentar en el banquillo al juez.

Moliner relata a este periódico el “largo y doloroso camino” que están recorriendo las víctimas a las que no ampara la Ley de Memoria Histórica de 2007, una normativa que no incluye la parte jurídica del proceso. En Mallorca están paralizados los procesos de exhumación de varias fosas porque ningún tribunal se declara competente, una cuestión que también debe dilucidar el Supremo. Las asociaciones han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y no descartan acabar en Estrasburgo si los tribunales estatales no resuelven esta cuestión. Moliner es tajante: “Es el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad de las exhumaciones”.

El texto de la querella está ultimándose por los letrados de estas asociaciones que esperan que sea admitida a trámite, paso tras el cual se solicitará la abstención y posterior revocación de algunos de los jueces que componen la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal.

Estos colectivos también estudian presentar otra querella contra el presidente de la Sala Juan Saavedra por la cuestión de las recusaciones.

Desde la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD), su portavoz Ignacio Espinosa no cree que la demanda prospere aunque reconoce el derecho de las asociaciones a presentarla. En declaraciones a este periódico Espinosa sale en defensa de Varela asegurando que lo que ha hecho es “cumplir con el mandato legal” y “ceñirse estrictamente a lo que dice la ley”.

Luciano Varela fue el fundador de JpD y entró en el Supremo de la mano de la ahora vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y de la actual miembro del Consejo general del Poder Judicial, Margarita Robles, que no participará en las deliberaciones sobre la suspensión de Garzón después de que éste le recusara por “enemistad manifiesta”, una enemistad que las asociaciones atribuyen ahora a Varela.

Familias de desaparecidos actuarán contra magistrado que encausa juez Garzón

Dos asociaciones de familiares de desaparecidos durante el franquismo en España (1939-1975) se querellarán contra el juez que ha encausado al magistrado investigador de estos casos, Baltazar Garzón, pues consideran que les deja indefensos.

Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca (noreste) anunciaron hoy que el próximo lunes presentarán una querella por prevaricación contra el juez Luciano Varela, que a su vez ha enjuiciado al magistrado Garzón por un presunto delito de prevaricación cometido supuestamente al investigar los crímenes de la epoca franquista.

Varela, magistrado del Tribunal Supremo español, anunció esta semana la apertura de juicio oral a Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.

El presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña (ARMHC), Manel Perona, cree que la decisión de Varela de procesar a Garzón responde a "una utilización política que ignora las leyes internacionales".

Y la portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca, María Antonia Oliver, cree que el propósito de Varela es "imposibilitar" que en el futuro puedan abrirse procesos para investigar "los crímenes del franquismo", y hacer que jueces y víctimas desistan de plantear nuevas denuncias.

"El mensaje que se recibe es que no se quiere escuchar a las víctimas" y que la verdad sobre la represión y los "crímenes de lesa humanidad" que se cometieron durante el alzamiento liderado por Franco y los años de dictadura "permanezcan siempre en silencio", ha declarado Oliver.

Para la portavoz de la asociación mallorquina, si prospera el proceso contra Baltasar Garzón, las víctimas y sus familiares quedarán condenados a un "desamparo permanente, primero por el franquismo y luego por la democracia".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá el próximo día 22 sobre la suspensión cautelar de Garzón, teniendo en cuenta que la Ley prevé apartar de sus funciones a los jueces cuando se proceda judicialmente contra ellos "por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

Los hechos por los que Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas en esa época.

ADN

Articulo publicado en el mes de diciembre en El ciudadano - chile

Empar Salvador, autora de El Genocidio Franquista en Valencia: “los 156 mil casos documentados de desaparecidos son la punta del iceberg”

Tratando de recomponer su propia historia y de conocer el alcance de la represión franquista, la española Empar Salvador, autora del libro El genocidio franquista en Valencia. Las fosas silenciadas del cementerio, descubrió el lugar donde el régimen franquista enterró a miles de sus víctimas. Se trata de las fosas comunes más grandes de la historia europea del siglo XX.

Empar Salvador tiene 62 años. Nació cuando su padre regresó a España, luego de haber escapado de Franco y sobrevivido a cuatro años de trabajo forzado con los nazis. Y se llamó Amparo.

Su vida parece haber sido por momentos tan dolorosa que le cuesta nombrarla y, como protegiéndose de esa sensación, tiene el acto reflejo de reír cuando cuenta las cosas más crueles o indignantes. Ha dedicado casi toda su vida a reconstruir su historia y la de los suyos; desde que era una niña que no entendía ciertas cosas que sucedían en su casa, no ha dejado de hacerse preguntas.

Y después de casi cuatro décadas de búsqueda encontró una parte de esa verdad. Una parte bastante grande, por cierto: son las fosas comunes más grandes de Europa, ubicadas en el cementerio de Valencia. Hay 23.600 casos documentados que son apenas la punta del iceberg, según afirma la responsable del valioso hallazgo.

¿Qué diferencias percibís entre la recepción de tu obra en Latinoamérica y en Europa?

Acá he tenido una muy buena recepción. La diferencia es que en todos estos países ha habido un proceso de juzgar a los responsables, aunque muchas veces haya sido una farsa. En España hay documentados 156 mil casos de desaparecidos, se calcula que sólo ha habido más víctimas en el régimen de los Jemeres Rojos de Camboya. Pero nunca se ha juzgado a nadie. Es más, los descendientes están ocupando en el país altos cargos en el Estado, las finanzas, la industria, la prensa, los bancos.

El presidente del Parlamento español, José Bono, del Partido Socialista, dice públicamente que él es hijo de falangista y a mucha honra. Así que estamos metidos en un proceso judicial en el que lo que queremos es llegar a los tribunales internacionales, porque en España, mientras existan los elementos sociológicos y físicos franquistas que hay en este momento controlando la sociedad, no se hará justicia.

El régimen desapareció pero la sociedad aún está muy marcada.

Es que creo que el régimen nunca desapareció.

En España se dijo que se hacía una democracia pero en una estructura de Estado fascista. Todo aquello está muy vigente. El responsable de haber destruido casi toda la documentación es ahora el presidente del grupo Sogecable- Prisa, el señor Rodolfo Martín Villa [ríe], quien participó con altos cargos políticos durante el régimen genocida.

La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es hija de uno que se llamaba Wenceslao Fernández de la Vega, que era la mano derecha de uno de los peores y más sanguinarios falangistas que ha habido en España, José Antonio Girón de Velasco. Luego ella fue jueza durante el franquismo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, es nieto del coronel auditorLuciano Conde Pumpido. España está llena de casos así. Nos piden que miremos al futuro y olvidemos el pasado, pero, claro, el pasado son cientos de miles de víctimas, ahí están nuestras familias enteras tiradas en las fosas como perros; nadie puede olvidar eso, es una herida que sólo se cerrará el día en que se haga justicia.

Justicia que llegaría con la condena de los culpables y colaboradores. ¿Y respecto de las víctimas y sus familiares qué justicia se plantea?

En primer lugar, rehabilitarlos jurídicamente, porque según la legislación española ellos siguen siendo criminales. Todos esos actos jurídicos no han sido anulados, de manera que todas esas personas siguen siendo delincuentes.

Lo que argumentan el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional es que estas sentencias fueron impuestas por órganos jurisdiccionales que en aquellos momentos eran legales, entonces dan por válido el golpe de Estado. Y no es así, porque hubo un régimen genocida que atentó contra todos los que habían luchado por un proceso de libertad, de democracia, de respetar la legalidad vigente, porque el gobierno de la Segunda República fue legalmente constituido, tras un proceso de elecciones democráticas. Ahí llegó el criminal golpe de Estado de Franco, que creían que iba a durar 24 horas, pero, claro, se encontraron con un pueblo que estuvo tres años resistiendo. Y bueno, luego hay daños que son irreparables, que nunca en la vida se podrán arreglar.

¿Qué opinás de la rehabilitación económica?

Creo que es cosa de cada uno. En un tema como éste, tan delicado, no me siento capaz de decir qué debería hacer o dejar de hacer nadie. Cuando se aprobó la Ley de Amnistía se dieron unas indemnizaciones que eran una risa, un millón de pesetas, algo así, teniendo en cuenta que a esas personas se les había robado todo lo que tenían, sus casas, todo, bienes que se escrituraron los fascistas a su nombre y luego los han heredado sus hijos, que ahora los están disfrutando. Luego está la Ley de la Memoria [vigente desde 2007], que es una vergüenza total. En materia de indemnizaciones, no solamente hace un agravio comparativo de las víctimas del franquismo con cualquier otro colectivo de víctimas, como las del terrorismo, por ejemplo; además hace discriminaciones en el interior del propio colectivo de víctimas del franquismo. A las del año 1967
en adelante les dio 130 mil euros y creo que a las que son de 1936 hasta 1967 les dio 1.800 euros. Es un agravio.

¿En qué año naciste?

En 1947, en plena represión franquista [ríe].

¿Dónde estaba tu padre cuando naciste?

Mi padre estaba escondido, había sido combatiente en la guerra antifascista. Él estaba en Barcelona cuando los fascistas tomaron la ciudad y la gente se fue andando, atravesó los Pirineos y fue a parar a Francia. Estuvo en los campos de refugiados en Francia, donde murieron miles y miles. Uno de los campos, el de Argelès, era en la playa. No tenían comida ni bebida, tomaban agua salobre porque cavaban pozos en la arena y morían de gastroenteritis. Cuando entraron los nazis a Francia los gendarmes franceses entregaron a los que eran anarquistas y comunistas a los nazis, mi padre entre ellos. Unos fueron a los campos de exterminio y otros al trabajo forzado. Mi padre hizo trabajos forzados en Alemania durante cuatro años, sobrevivió y volvió a España en 1946. Todas estas cosas las hemos ido reconstruyendo con mi hermana, porque ellos nunca contaron nada.

¿Y cómo siguió la vida de tu padre hasta 1975?

Mi padre murió años más tarde, porque, claro, todos ellos volvieron muy castigados, habían sobrevivido a los nazis pero estaban hechos un desastre. Aun así, la que vivió mucho menos fue mi madre, que fue una de aquellas mujeres a las que les habían rapado la cabeza, les habían dado el aceite de ricino, las habían paseado por los pueblos, donde las exponían en las plazas para que las apedrearan. Muchas morían cuando les ponían el embudo en la boca para volcarles el aceite de ricino, les producían unas heridas por las que morían en su propio vómito de sangre. Fue el destino de muchas mujeres republicanas.

EL GEN ROJO

¿Vos trabajabas desde chiquita?

Los hijos de los republicanos éramos seres de cuarta categoría [otra vez la risa], no teníamos derecho a nada, ni a educación, ni a sanidad, nada, estábamos totalmente marcados y castigados.

Estaba la Ley de Vallejo Nájera, que era un psiquiatra que hablaba del “gen rojo”: decía que el marxismo era una enfermedad contagiosa y que había que sacar a los hijos de los republicanos de sus familias; entonces el Estado asumía la tutela de esos niños. En realidad eso estaba hecho para encubrir algo inmenso, como fue el secuestro y la venta de niños en plan masivo. A mí me llevaron a un centro regido por monjas, no me enseñaron ni a leer ni a escribir, había unos talleres de costura y allí todas las niñas trabajábamos.

¿O sea que no recibiste educación formal en España?

Me acuerdo de haber ido algún año a la escuela, pero básicamente todo lo aprendí de adulta. A leer, a escribir, a andar en bicicleta. No sé cómo explicar la situación en la que vivíamos de niños, era una situación en la que no había niñez.

¿Cuándo comenzás a recomponer e investigar tu historia?

Empecé a unir piezas, a darme cuenta de que mi situación era muy rara, de que no se parecía a la de las demás niñas con las que me relacionaba. Al crecer, me empecé a dar cuenta de que efectivamente en mi familia pasaban cosas extrañas, de que faltaba gente; en ese momento además mi padre empezó a cobrar una pensión alemana que luego descubrí que cobraba en virtud de la sentencia del Tribunal de Nüremberg, que había condenado al régimen alemán e indemnizaba a sus víctimas con una pensión vitalicia que les cambió bastante la vida, porque eran personas que siempre estaban en la precariedad, no podían trabajar, sobre todo por su estado de salud, porque ¿cómo puedes venir después de haber hecho tres o cuatro años de trabajo forzado para los nazis? [vuelve la risa]. A eso no se sobrevive normalmente. Cuando me enteré casi me desmayé [ríe], porque empecé a conocer parte de su pasado. Entonces entendí muchas cosas: actitudes, silencios, llantos por la noche cuando pensaba que nadie lo escuchaba, su estado de salud.

¿Qué características tenía la población de Valencia que hicieron que fuera la última ciudad republicana en caer?

No sé por qué resistió más, y seguramente fue la causa de tan feroz represión, está claro que entraron a sangre y fuego. La plaza de toros de Valencia llegó a albergar a 40 mil personas, sin agua ni comida…

Es una locura. En Argentina hubo un total de 30 mil desparecidos, y España es un país mucho más pequeño.

Claro, ¡España es chiquitísimo! [ríe]. Y Valencia tiene las fosas comunes documentadas más grandes del continente europeo en el siglo XX, como ha dicho Francisco Cossiga, el ex presidente de Italia. Tienen un total de 41.020 metros cuadrados, en una ciudad que tenía 400 mil habitantes.

O sea que ahí fue a parar gente de toda España.

Sí, Valencia era la capital de la República, tenía la infraestructura necesaria, hospitalaria, etcétera. Trasladaban mucha gente a Valencia, había muchas colonias de niños refugiados. Se pensaba que desde Valencia sería más fácil escapar, pero nadie se acercaba ni nadie salía, las democracias europeas no hicieron nada, aquello se convirtió en una ratonera de la que casi nadie podía escapar. Era realmente mucha gente, y la mayoría no estaban registrados en el censo de habitantes. De todos ellos nunca se volvió a hablar y eso es lo que me lleva a mí a buscar gente en un plan masivo.

SIX FEET UNDER

¿Cómo llegaste al cementerio?

Primero se me había metido en la cabeza que habían vaciado una montaña y los habían metido dentro. Se me ocurrió mirando unas minas a cielo abierto, las de Río Tinto. Hay que tener en cuenta que éramos personas sin formación de ningún tipo, no sabía cómo empezar una búsqueda, así que me puse a estudiar un poquito de geología. Valencia está rodeada de sierras, no tenían muchos camiones, no debía de ser un lugar muy alejado. Al cementerio me llevó una casualidad, al entrar en contacto con Casimiro Climenti, que había sido deportado a las oficinas de la Gestapo en Mauthausen. Él trabajaba junto con Josep Bailina rellenando las fichas de los deportados y se les ocurrió duplicar las de los españoles, para dejar registro de cuántos habían ido a parar ahí. No tenían dónde esconderlas, hasta que se les ocurrió intercalarlas con las fichas en blanco para que sobrevivieran.

Ellos me dieron la idea del cementerio de Valencia y usando su mismo razonamiento me pregunté: si eran muchos muertos y querían que pasaran desapercibidos, ¿cuál es el mejor lugar para esconderlos? ¡Entre los demás muertos, en el cementerio! Una vez allí miraba por todos lados y no veía nada [ríe]. No las encontraba porque encima de ellas han construido otro cementerio. Están abajo. Luego encontré los Libros de registro de enterramientos del Cementerio de Valencia, que estaban en una oficina del Ayuntamiento de Valencia, pero no figuraban en ningún archivo público ni había constancia de su existencia, lo que es como si no existiesen. Los datos no estaban relacionados, esa relación la hice yo; ahora sí existe.

El primer lugar donde busqué fue el Cementerio Civil, porque allí enterraban a los ateos, masones, gente de otras religiones, etcétera, entonces pensé que los habían tirado allí. Empecé a pensar que tenía que armar un plan, organizarme para barrer el Cementerio de Valencia, estudiarlo. Y efectivamente en ese lugar encontré la primera fosa común, un espacio que me saltó a la vista, era como una praderita con hierba.

¿Cómo ubicaste las demás fosas?

Empecé a comprobar que el espacio físico era igual al espacio documentado. En los libros no se especifica que esas personas fueron enterradas allí, pero hay una serie de datos sobre esas personas, como unas coordenadas, que en realidad son el lugar exacto donde está enterrado cada uno, sin decirlo. Eso es lo que descubrí cuando logré descifrar los libros. Entonces empecé a encontrar señales en el piso, signos en la tierra, letras y números que correspondían a filas e hileras. Cuando crucé esos datos me di cuenta de que todo es lo mismo y empiezo a ubicar todas las fosas. Ahí empecé una carrera para almacenar todos esos datos de la manera más rápida posible. Tenía mucho miedo, sentía que tenía que hacerlo público cuanto antes para protegerlo, pero para eso había que hacerse de los datos. Dejé registros notariales de la existencia de esos libros (porque se decía que los sacarían de la oficina) y digitalicé la información. Efectivamente me echaron del lugar antes de terminar el trabajo, pero por suerte ya estaba todo digitalizado.

¿Cómo te imaginás el momento de la justicia?

Llevará mucho más tiempo, creo que están esperando que todos se mueran y cuando ya no haya a quién reclamar, entonces posiblemente empecemos a saber qué pasó. Los 156 mil casos documentados que hay son la punta del iceberg. Los 23.600 documentados en las fosas son la minoría también, hay muchísima más gente que fue tirada ahí sin identificar. Es una estructura tremenda, una ingeniería puesta al servicio del ocultamiento de crímenes. Mi investigación empieza cuando termina la guerra, cuando ya no había motivos para matar a nadie ni hacer morir de hambre a un sector de la población. Las víctimas de Valencia tienen la desgracia de haber sido realmente muchas, por eso hay tanta resistencia a decir la verdad. Esta investigación es la prueba de ese genocidio.

Por Ina Godoy

FOTO: Empar Salvador. Por Javier Calvelo

Fuente: Mujeres Libres

Para más información sobre este tema: www.forumperlamemoria.org